Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, no parece importarle que empresas que financian a los escuadrones de la muerte de ultraderecha sigan operando impunemente en el territorio: la violencia es parte de las transacciones económicas cotidianas, de la implantación de megaproyectos, de las concesiones mineras, de las plantaciones de la agroindustria. La acumulación de riquezas en Colombia es una acumulación violenta, mediante la guerra, y la contrainsurgencia es parte de una guerra generalizada en contra del pueblo trabajador, sobre todo campesino, indígena y afrocolombiano. El fusil más la inversión privada es lo que en jerga uribista-santista se conoce como “confianza inversionista”.

Acumulación capitalista y guerra sucia

Esto no es cuento nuevo: es el patrón de acumulación capitalista que se vino imponiendo desde la década de los ’20 en épocas de la masacre de las bananeras y la utilización de matones y sicarios por parte de empresas petroleras como la Standard Oil. El mismo período llamado de la “Violencia” (1946-1953), cuando se desató una salvaje carnicería de los conservadores contra el pueblo liberal y contra el campesinado, que terminó con unos 300.000 masacrados, fue un período de enorme crecimiento económico y prosperidad para la oligarquía colombiana: las exportaciones de café arrojaron ganancias de U$492.200.000 en 1953, en comparación con U$242.300.000 en 1949 –recordemos que fue precisamente en el Eje Cafetero donde comenzó la “Violencia” en 1946, cuando ante la presión de tierras, los terratenientes y sus testaferros comenzaron a asesinar y desplazar a campesinos liberales o sin filiación. En el período 1948-1953 la producción industrial aumentó en un 56%, pero los salarios terminaron un 14% por debajo del nivel de 1947.

La relación entre riqueza y violencia es aún más evidente cuando vemos lo que ha pasado con la concentración de la tierra en Colombia: para citar cifras recientes, mientras en 1984 un 0,4% de los propietarios controlaba el 31% de la tierra cultivable en Colombia, para el 2003 un 0,4% controlaba un 62%. Este panorama es aún más dramático si hilamos más fino: 3.000 terratenientes controlan el 53% de la tierra según datos de la Universidad Nacional de Colombia[22]. No hay que ser un genio para darse cuenta la relación que existe entre los 5.200.000 de desplazados colombianos (280.000 solamente en el 2010) y la creciente concentración de tierras así como la creciente penetración de agronegocios como la palma africana, el caucho o megaproyectos extractivos, uno de los pilares económicos del gobierno de Santos. Se estima que el paramilitarismo, en cosa de poco más de dos décadas, ha robado más de 6,5 millones de hectáreas, las cuales hoy se encuentran en manos de latifundistas, multinacionales realizando megaproyectos, y de la agroindustria.

Confianza Inversionista y Contrainsurgencia

Las amenazas de Santos a quienes paguen vacunas a la insurgencia no son fruto de una concepción legalista ni mucho menos democrática o humanitaria. Es, sencillamente, parte de la guerra contrainsurgente del Estado colombiano –guerra la cual es contra el conjunto del pueblo y no solamente contra las fuerzas guerrilleras, aún cuando ésta sea la cara más visible del conflicto social y armado. De la misma manera que esta guerra tiene aspectos jurídicos, diplomáticos, ideológicos y militares, esta guerra también tiene un componente económico fundamental que consiste en golpear la economía de las fuerzas insurgentes y de las comunidades en las cuales ellas se desarrollan. Estas amenazas contra las empresas para que no paguen vacunas a la guerrilla, mientras Santos se hace el loco sobre las vacunas pagadas al paramilitarismo, debe ser entendida de la misma manera en que el Estado colombiano fumiga y erradica manualmente las plantaciones de coca ahí donde la insurgencia está presente y puede cobrar el impuesto al gramaje. Pero allí donde el control es ejercido por el paramilitarismo, no solamente el cultivo no es tocado sino que éste prospera y se expande a vista y paciencia de las autoridades.  Aunque Santos trate de marcar diferencia con Uribe posando de demócrata y de buen vecino, estas palabras, con tufo a paramilitarismo, lo delatan. No puede ser de otra manera, porque el paramilitarismo y la guerra sucia son, tristemente, prácticas arraigadas en la naturaleza misma del Estado colombiano, independientemente de quien sea el Mesías de turno. Al final de cuentas, es todo parte de lo que llaman la “confianza inversionista”, uno de los “huevitos” de la política colombiana que nadie se atreve a romper.

El Terrorismo de Estado usa la herramienta paramilitar: para esta herramienta hay IMPUNIDAD pese a lo que digan desde el gobierno, es una evidencia. Vea testimonios de víctimas, de paramilitares, e incluso de agentes estatales con su versión de propaganda.

El documental de Juan Lozano y Hollman Morris encuentra profundas dificultades para ser exhibido en Colombia.

“Impunidad” resume los últimos diez años de historia en Colombia. Su planteamiento es crudo y directo. Su prosa narrativa quiebra el silencio sobre los crímenes cometidos por los paramilitares, enseñando el dolor de las víctimas, que son más de la mitad de la población del país. Realizado por Juan Lozano y Hollman Morris, “Impunidad” ganó el premio principal del festival Movies that Matters, que tuvo lugar en marzo en La Haya, Países Bajos.

 

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