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Yo amo la palabra, las palabras, concepto de palabras. 

Me defiendo y ofendo con sus dardos de vientos, aunque a veces me dejen cicatrices y llagas. 

No quiero más censura sobre ellas, no quiero que a la lengua le pongan mordazas. 

Y de una vez por todas la dejen desnuda. 

¡Dejen en libertad a la palabra! 

A mi palabra, a tu palabra, a todas las palabras. 

A veces temo , al cantar mis sentimientos, que sus mensajes se los lleve el viento y por eso las dejo aquí grabadas. 

Pero hay algo peor todavía que el viento, y que produce indignación y nauseas : 

aún se prohíbe y secuestra la palabra; 

aún se sigue atentando contra muchas verdades, 

manipulando, encarcelando, asesinando… 

Por respeto a los vivos y a los muertos, 

la lucha de los pueblos, 

la sangre derramada, 

la libertad y dignidad humana… 

penemos la calumnia pero no las palabras.

(Benito Gallardo Martín)

Gobiernos, estados opresores, organizaciones, el poder absoluto que manipula nuestras mentes, nuestras vidas… todos ellos impiden que la verdad, la justicia, sean la lógica voz del pueblo, y todos ellos impiden que los periodistas enciendan una luz en este oscuro mundo de abusos y corrupción. Cargos falsos, asesinatos, retirada de la licencia para ejercer su profesión… represión en toda regla a la libertad de expresión.

En algunos países, los gobiernos, las fuerzas militares y los grupos armados atacan e incluso matan a los periodistas a los que consideran críticos con sus políticas y sus prácticas, los periodistas se arriesgan a que los acusen en virtud de leyes que penalizan la expresión pacífica de opiniones, o a que se presenten contra ellos cargos falsos de motivación política (como posesión de drogas y fraude) para que dejen de informar. Muchos gobiernos consideran que amenazar a los periodistas o a sus familiares es una forma eficaz de silenciarlos. Para los activistas y periodistas resulta especialmente difícil informar sobre asuntos de derechos humanos porque sus comunicaciones pueden ser controladas por funcionarios del Estado. 

Algunos regímenes represivos tratan de controlar el acceso a Internet para regular las actividades de los periodistas. Hay países donde las leyes contra la difamación se utilizan indebidamente para intentar impedir que los periodistas critiquen a las autoridades y a los poderosos. Los gobiernos niegan o retiran los visados a los periodistas extranjeros –o cancelan las licencias para ejercer a los nacionales– para que dejen de investigar abusos contra los derechos humanos.  Al no poner en manos de la justicia a los responsables de ataques contra periodistas, los gobiernos transmiten el mensaje de que está permitido impedir que se informe sobre lo que consideran temas delicados. 

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“Condeno todos los ataques y la represión. Estoy especialmente preocupado porque muchos de los autores escapan a cualquier tipo de castigo”, decía el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon en un acto en la sede de Naciones Unidas con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La causa de esta ‘preocupación’ son algunas cifras que en los últimos tiempos han ido desvelando las organizaciones que protegen estos derechos.

En lo que va de 2013, han sido asesinados diecisiete periodistas, siete de ellos en Siria, cuatro en Pakistán, tres en Brasil, dos en Somalia y uno en Turquía, según datos del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) que abarcan solo los casos en los que se confirmó que el motivo fue por su trabajo.

En 2012, fueron asesinados setenta periodistas según CJP, y según Reporteros Sin Fronteras (RSF), la cifra es aún peor, elevándose a 88. Según estos datos, el año pasado fue el más violento desde 1995.

Un colectivo que cada vez se ve más afectado por la violencia y la represión, es el de los blogueros, 47 asesinatos en el 2012. En el mismo año, 144 blogueros fueron encarcelados.

39 son los jefes de Estado, políticos, jefes religiosos, milicias u organizaciones a los que RSF califica como ‘depredadores de la libertad de prensa’, que conforman una lista que cada año actualiza esta organización con motivo de la celebración de este día.

232 es el número de periodistas encarcelados durante 2012, que supone un récord histórico, al menos desde que comenzaron a contabilizarse, allá por 1990. La mayoría de ellos (118) eran periodistas digitales.

 

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El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y la Directora General de la Unesco, Irina Bokova, en un mensaje conjunto proclaman que, como “Derecho fundamental de por sí, la libertad de expresión crea, además, las condiciones necesarias para la protección y promoción de todos los demás derechos humanos. Pero no se ejerce automáticamente; requiere un entorno seguro propicio para el diálogo en el que todos puedan hablar libre y abiertamente, sin temor a represalias”.

La libertad de opinar, de expresarse, es un derecho fundamental de los seres humanos y, a pesar  de ello, miles de personas son privadas de él y censuradas en todo el mundo a diario. Son más de cuarenta los países que censuran a los medios de comunicación y páginas web. El periodismo juega un papel muy importante a la hora  de representar estos derechos básicos, pero cada vez se hace más difícil hacer periodismo en este mundo encadenado a los intereses del poder.

La situación va de mal en peor para los periodistas del mundo. La libertad de expresión y prensa se censura día tras día y sus defensores son oprimidos en decenas de países. No es buen momento para ser profesional de la información, pero siempre queda esperanza para los que siguen luchando por conseguir medios de comunicación libres e independientes.

Las agresiones y asesinatos de periodistas siguen impunes. Una impunidad que alienta a los Depredadores a seguir violando los derechos humanos y la libertad de información. Los líderes de estas agresiones a la Libertad gozan de una pacífica existencia, mientras los periodistas son silenciados o eliminados, y el silencio de la comunidad internacional es CÓMPLICE.

El nivel de impunidad no tiene una explicación legal. Hay leyes e instrumentos que protegen el trabajo de los periodistas. La Resolución 1738 sobre la seguridad de los periodistas, adoptada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en 2006, establece que, por encima de todo, corresponde a los Estados proteger a los periodistas y al personal de los medios de comunicación.

Sin embargo, los Estados  suelen fallar en responder a estas obligaciones, bien sea por su deliberada intención de no castigar abusos de este tipo, bien por la debilidad de su sistema judicial, en algunos casos inexistente, o porque son las propias autoridades las responsables de estos abusos.

Reporteros Sin Fronteras ha propuesto la creación de un mecanismo de vigilancia de la adopción de la Resolución 1738, que animaría a los Estados miembros a adoptar medidas que penalicen asesinatos, agresiones y secuestros de periodistas, al tiempo que ampliaría las obligaciones de los Estados hacia las organizaciones no profesionales de informadores y ayudaría a combatir la impunidad.

A un nivel internacional, los periodistas tienen también garantizado la protección legal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos. Naciones Unidas publicó recientemente un Plan de Acción para la seguridad de los periodistas y el combate a la impunidad de los crímenes cometidos contra ellos.

La creación del Tribunal Penal Internacional no ha supuesto, por desgracia, un importante avance en la lucha contra la impunidad de los responsables de la mayoría de los crímenes contra periodistas, aunque éstos sean profesionales que juegan un papel fundamental en la recopilación de información en los conflictos armados. El Tribunal Penal Internacional sólo tiene jurisprudencia cuando los crímenes se producen en el territorio de un Estado miembro del Estatuto de Roma (creado por el propio tribunal) o si el acusado es miembro de uno de esos países. Además, no especifica los cargos por los ataques deliberados a los periodistas. RSF recuerda la necesidad de que el artículo 8 sea modificado para que los ataques a los profesionales de los medios de comunicación sean considerados crímenes de guerra.

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“Del mismo modo que hay una diferencia enorme entre las ideas subversivas y las representaciones moralmente repugnantes (por no hablar de las expresiones blasfemas), en teoría debería existir una diferencia enorme entre la censura ejercida para supervisar los medios de comunicación y la censura que vigila las artes. En la práctica, sin embargo, los censores que controlan los límites de la política y la estética son los mismos. Al no trazar ninguna línea definida entre la censura por motivos políticos y la debida a razones morales, imito al censor cuando sigue la pista de lo ‘indeseable’, la categoría bajo la cual equipara de manera forzada e incluso caprichosa lo subversivo (lo políticamente indeseable) y lo repugnante (lo moralmente indeseable)”.  J.M. Coetzee

La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite al ser humano en lo personal y en lo colectivo el desarrollo de sus capacidades e inteligencia, beneficiando la creatividad, y el surgimiento de nuevas ideas. El lenguaje, refleja claramente el modo de ver y pensar de las personas, viene de un aprendizaje ideológico, no son palabras inocuas sino que contienen un posicionamiento social frente a otras y otros, frente a la condición y concepción de lo que somos las mujeres y los hombres, refleja hasta qué punto hay resistencia a caminar hacia la igualdad. ¿Es esto un problema de libertad de expresión? La polémica es importante y es fundamental si queremos democratizar los medios de comunicación. La Corte sostuvo que no eran las palabras sino el sentido de las mimas y, tratándose de medios de comunicación, hay que reconocer que juegan un papel fundamental en la formación de para propiciar la disminución, y, en última instancia, la erradicación de discursos discriminatorios. El papel de los medios es clave en la lucha contra los prejuicios, los estereotipos y, por lo tanto, pueden contribuir a mejorar la igualdad en la sociedad o a eternizar un modo de ver y actuar en consecuencia. 

Miles de activistas, periodistas, manifestantes pacíficos, sindicalistas, miembros de minorías religiosas o étnicas, etc. siguen siendo perseguidos, amenazados, encarcelados, torturados o asesinados por el mero hecho de disentir. Según los datos de Amnistía Internacional, en 2010 se produjeron ataques contra la libertad de expresión en, al menos, 89 países. En algunos lugares del mundo esta represión ha aumentado de manera brutal en la calle, como se ha podido apreciar en las revueltas en Oriente Próximo y el norte de África, donde a pesar del riesgo, miles de personas no han aceptado ser silenciadas. En otros lugares, como en China, —uno de los países donde más en peligro se encuentra la libertad de expresión—, los Gobiernos se han aplicado a fondo para poner límites a las nuevas vías de expresión que posibilitan los avances tecnológicos.

A pesar de ello, Internet se usa cada día más para alzar la voz contra el poder y para ejercer presión por un mayor respeto a los derechos humanos. En muy diversas partes del mundo, se está librando una batalla crucial por el control del acceso a la información, los medios de comunicación y la tecnología de redes, mientras las redes sociales alimentan un nuevo activismo que los Gobiernos luchan por controlar. Sin embargo, los intentos de los Gobiernos por bloquear el acceso a Internet o cortar las redes de telefonía móvil no están consiguiendo acabar con las voces de protesta de quienes están peleando por que se respeten sus derechos humanos. Puede que la represión aumente, pero parece que cada vez las personas tienen menos miedo a expresarse con libertad. 

“La libertad de expresión es un derecho fundamental y la lucha por la solidaridad es un deber moral.

No  estamos dispuestos a retroceder ni  un paso ni en nuestros derechos ni en nuestros deberes”

FRM

 
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