Julián Zubieta Martínez

El diccionario de la RAE define Revolución como “un cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación”, lo que en esencia significa el paso de una posición o estado de cosas a otra. Desde luego que modificar la constitución vigente, como pretende la clase política, no es una revolución entendida como una ruptura del orden establecido que afecte de manera categórica a las estructuras políticas dominantes.

Más bien significa una readaptación de los postulados normativos en uso, para que desde las instituciones se mantenga a flote la voracidad del mercado capitalista.

El Gobierno y los partidos políticos representativos de este país, en vez de procurar parchear la situación mediante esa especie de reformismo amarillista, deberían decirnos sin tapujos ni ocultaciones que la crisis, y no solo la económica, es absoluta. La política ejercida por los socialistas y los conservadores desde el poder, reencarna el modelo político ejercido por la Restauración canovista. Un modelo decimonónico donde se mercadean los cargos como si se tratase de un intercambio de cromos a la puerta del congreso, de las diputaciones o de los ayuntamientos, que tan sólo pretende mantener la sed financiera de los empresarios y la caridad egoísta de la banca, de forma que, junto a ellos, se sigan enriqueciendo con la explotación de los menos pueden.

Una decisión como la de modificar la constitución por decreto político es una pantomima carnavalesca del autoritarismo más reaccionario que se pueda observar en democracia. Aunque también es cierto que la democracia se acompaña de diferentes epítetos: directa, representativa, participativa, deliberativa, económica, industrial, real o formal son solo algunos; incluso en el caso español, no se puede olvidar que una dictadura se amparó, durante cerca de cuarenta años, bajo el término de democracia orgánica. No se puede hacer política en el siglo XXI basándonos en lo que ocurrió en el siglo XX. Y este es uno de los platos que sirvió la dictadura a nuestros dirigentes, la modélica Transición. Un menú de difícil digestión que todavía produce gases en muchos estamentos de la sociedad actual.

Para que la democracia se afirme, se consolide y se extienda es indispensable, todavía, que se conviertan en democráticas: los aparatos policiales (actuación durante las jornadas JMJ), la burocracia estatal, la jurisprudencia, la enseñanza, las fuerzas armadas, las asociaciones representativas de intereses -comenzando por las grandes empresas-, sindicatos, y, desde luego, la iglesia católica. Mientras los partidos políticos, los canales de representación, los expertos burócratas y los administradores se mantengan apartados de la participación pública, como pretenden ahora, se mantendrá alejada una determinada organización política que se pueda calificar de “justa”.

¿Modificar la constitución o cambiar el sistema? ¿Resetear la estructura o insertar un nuevo programa? El reciente movimiento del 15M ha fragmentado, ha resquebrajado los precarios materiales con que está construido el edificio gubernativo e institucional en este país. Puesto que es un movimiento que acoge, sobre todo, a todos los descontentos, y que tiene un profundo carácter político y social, dado que intenta huir, oponiéndose, de la rigidez y del dogmatismo del mercado capitalista y de la política neoliberal que nos gobierna. El contenido de este movimiento supone un reto tanto para la teoría como para la práctica normativa e institucional de la democracia orgánica que heredamos y padecemos desde la dictadura. Además, en contra de lo que muchos pensaban, la crisis se ha instalado de tal manera en la sociedad, que el sentido y sentimiento del 15M no es transitorio. No. Su temporalidad va a venir determinada por lo que se tarde en solucionar las reivindicaciones demandadas, y no debería parar hasta equiparar a la sociedad equilibradamente.

El descontento es tan generalizado que, en su territorialidad, está vinculado a los requerimientos que incluyen a colectivos diseminados por toda la geografía estatal. Los objetivos políticos perseguidos por los indignados no deben olvidarse de incluir en la noción de ciudadanía democrática ciertos aspectos que hasta el momento están marginados, buscando el concepto de igualdad política entendida como un conjunto de derechos y deberes comunes a todos los ciudadanos, a través de la demanda de que la participación popular, y por lo tanto el control del poder desde lo bajo, se debe extender desde los órganos de decisión política y desde los de decisión económica a la sociedad civil.

El capitalismo impuso al trabajo, por consiguiente al trabajador, como eje central de la vida social y política. El ciudadano no se concibe si no es como ciudadano trabajador, de manera que el trabajo se transformó en un elemento esencial de la dignidad personal. Ahora es el propio capitalismo el que nos lo quita. Es más, el ultraliberalismo capitalista proclama que somos libres de firmar o no un contrato de trabajo; eso sí, bajo las condiciones que imponen los mercados, asistiendo diariamente a un derrame continuo en lo que respecta a los derechos humanos. Pero no nos engañemos, en esta “libertad” se manifiestan con todo su peso las necesidades de la vida, que probablemente, a muchos, no les deja más opción. El acceso al mercado de trabajo, cuando lo hay, toma la apariencia de un acto libre, aunque en realidad está totalmente determinado.

Por lo dicho hasta aquí, cualquier cambio en esta pseudo-democracia capitalista (otro epíteto) no puede entenderse al margen del trabajador asalariado (incluidos todos los que no trabajan) y del ambiente en el que está inserto: la sociedad del trabajo que nos han inculcado a través del estado de bienestar. Aunque no nos olvidemos que sólo hablamos de llamado primer mundo, los demás ni cuentan. Pasamos de una democracia orgánica a una dictadura del mercado. El liberalismo nos ha convertido de súbditos del franquismo en ciudadanos formalmente libres, pero encadenados al puesto de trabajo al que ahora, además, nos quieren esclavizar.

Las relaciones laborales están definidas por los principios de jerarquía, disciplina y subordinación –el Estatuto de los Trabajadores establece en su art. 5 como deber básico del trabajador, el cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, completándose con el art. 54 del mismo estatuto que considera la indisciplina o desobediencia en el trabajo como causa de despido disciplinario; aunque en una revisión posterior, esta indisciplina hay que matizarla-. Lo que demuestra nuevamente una clara desigualdad socioeconómica entre trabajadores y capital, al que ahora, recordemos, quieren volver a blindar con la modificación constitucional propuesta por una idea que nace desde la clase política y desde los sindicatos a sueldo del mercado capitalista, donde el dinero ordena y el asalariado obedece, convirtiendo las relaciones en jerárquicas y no paritarias o de igualdad, que es una reivindicación del descontento actual.

No consiste en reformar o modificar la constitución lo que se debería reivindicar, por parte de todos. Lo que hay que demandar es el cambio del sistema. Un sistema fundamentado en el autoritarismo apoyado en unas estructuras de poder jerárquicas y corruptas. Se debería avanzar hacia una configuración amplia de la democracia, abarcando ámbitos como el económico o el laboral, que como se señala, hoy están presididos por decisiones autocráticas del bipartidismo político. No es posible una auténtica democracia si el espacio del mercado, desde el neoliberalismo dominante, está caracterizado por grandes decisiones al margen del control democrático. Ya nos robaron dos intentos que nos podían haber acercado un poco al equilibrio que hoy demanda el ideal democrático, las dos repúblicas -que no acabaron como el rosario de la aurora, que algunos dicen, si no que se pasaron a cuchillo-.Y por república entiendo una concepción que expresa la idea de algo que pertenece a todo el mundo, o de los asuntos de todos, a favor del interés general y del bien común. Ideal que despreciaron los poderes de antes y que gobiernan todavía, despreciando esta forma de gobierno que les había arrebatado o podía arrebatar el poder político y por ende el económico, como ahora, otorgándoselo a la gente común. No lo consintieron y no lo van a consentir.

Una revolución siempre se efectúa con el propósito de combatir una injusticia, no para resetear el sistema instaurado y mantener todo igual. Cambiar el sistema debe ser el objetivo del referéndum que se demanda. Recordar, tan sólo, que lo expuesto ante ustedes no es una receta, sino una propuesta para poner junto a todas aquellas que tiendan a enriquecer de estímulos el ambiente tan deteriorado que nos toca respirar, sea en nuestros hogares o en el espacio público.

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